Son sujetos obligados toda entidad pública; los órganos estatales autónomos y de control; las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública; las empresas públicas creadas por ley, las empresas del Estado y sociedades en que este tenga participación; los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos; las entidades que administren fondos o recursos de naturaleza u origen público; entre otros.